Luciano Carrino and Sara Swartz *

Este número de Universitas Forum trata de políticas y prácticas de protección social. Comprende contribuciones que abordan este tema desde diferentes puntos de vista. Pero, presentándole varias persepctivas se intenta señ alar al lector un tema común y fundamental: los factores sociales que les complican los servicios sanitarios y de bienestar a los usuarios. ¿Por qué hay un número creciente de personas despojadas de tales servicios? ¿Por qué resultan caros y deficientes tantos de estos servicios? ¿Podemos imaginar unas sociedades que protejan de manera más eficaz a todo ciudadano, no al ampliar las redes de servicios, sino reduciendo enormemente los obstáculos que enfrentan? En la resolución aprobada por la Asamblea de la ONU el 20 septiembre de 2005, relativa a realización de los Objetivos del Milenio, el punto 143 indica claramente que las sociedades fundadas sobre el respeto a la igualdad de derechos y de oportunidades tienen como obligación fundamental el de brindar a todos la seguridad humana. Se encuentran en ese documento las siguientes afirmaciones : « Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano ». Estas declaraciones sencillamente reafirman, en ésta la era de la globalización, la razón de ser de toda sociedad humana, la de proteger la supervivencia, el bienestar y la seguridad de todos sus ciudadanos.

Haciendo referencia a la seguridad humana, la resolución de la ONU subraya la moderna aspiración a la igualdad de derechos y de oportunidades, bien reconociendo que las sociedades ejercitan sus funciones de protección de los ciudadanos de manera muy desigual. Efectivamente, aseguran un exceso de protección a los que están al vértice de la pirámide social y una protección aleatoria, insuficiente o inexistente a los que están a la base. De esta manera, las sociedades manifiestan no sólo ciertas ideologías y las dinámicas de exclusión que les da origen, sino también la distorsión de las fuerzas de solidaridad que animan a todas las sociedades. De hecho, a menudo nos olvidamos de que estas fuerzas, antes de tener una esencia cultural, ética y política, están inscritas en las leyes de la naturaleza, forman parte del patrimonio genético de los seres vivientes y los empujan a vivir en sociedad para protegerse mejor de los numerosos peligros que proceden del medioambiente, así como para mejor satisfacer sus necesidades.

Este discurso se aplica tanto a los seres humanos como a las abejas, las hormigas, los atunes o los monos. El comportamiento de algunos es en gran parte complementario al de los otros y juntos hacen posible y favorecen la supervivencia, el bienestar y la seguridad de los individuos y de la especie. Las fuerzas de solidaridad biológica (o natural) empujan a cada uno a asumir su papel dentro del sistema de dependencias recíprocas que sirve a asegurar el bien común de los individuos organizados. En suma, la solidaridad natural precede y establece todos los tipos de solidaridad cultural y hace posible también que nos volvamos en los individuos únicos y creativos a que aspiramos.

Dentro de las sociedades más pequeñ as en las que vivían los humanos los primeros dos millones de añ os después de que el pensamiento creativo había empezado a modificar las leyes de la naturaleza, los sentimientos de solidaridad enraizados dentro del patrimonio genético de los individuos unían igualmente a todos los miembros de las sociedades y por cierto eran más fuertes que los sentimientos egoístas. Los individuos que ponían en riesgo la sociedad con sus anomalías de comportamiento podrían ser expulsados para la salvaguardia del bien común. La situación se ha modificado con las sociedades complejas en las que hay división del trabajo, fragmentación en una multiplicidad de grupos especializados y sobre todo estratificación jerárquica del poder. La solidaridad en la sociedad se ha fragmentado y hace unos once mil añ os que se aprende a solidarizar más que todo dentro de la familia, el grupo, el clan, el partido político o la confesión y a desconfiar de los demás y de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto hoy en día los sentimientos de solidaridad nos separan en lugar de unirnos y nos quiebran en miles de solidaridades parciales en competición entre sí e incapaces de asegurar protección efectiva a los ciudadanos en su conjunto.

El pensamiento creativo, lo que habría podido ayudar a incluir en la sociedad civilizada hasta los individuos que las leyes de la naturaleza se inclinarían a excluir, se ha utilizado, al contrario, para construir sociedades que han empujado aun más la exclusión y a niveles de violencia destructiva jamás alcanzados por las sociedades de animales. El recordar esta distorsión de la función original de protección de las sociedades humanas se hace cada vez más necesario porque nos olvidamos a menudo que hay límites naturales que la cultura de la exclusión no puede superar sin destruir los fundamentos mismos de la sociedad. Los seres humanos pueden soportar la compresión de su necesidad de bienestar y seguridad solamente hasta cierto punto. Si la sociedad no les otorga los beneficios suficientes para justificar su adhesión a las reglas y sus sacrificios (sobre todo después de aprender a aspirar a la igualdad de derechos y de oportunidades), ellos tienden a hacerse antisociales y a luchar contra la sociedad que traiciona su mandato natural.

Desafortunadamente las sociedades que fallecen en proteger a sus ciudadanos cada vez más están a punto de quiebre. Los movimientos populares surgiendo en numerosos países, que llegan a menudo a destituir el poder político actual no logran construir mejores alternativas. El egoísmo agresivo sigue prevaleciendo sobre el sentimiento de solidaridad que tendría que asegurar las funciones protectoras generalizadas de las sociedades. Las consecuencias son dramáticas, porque no sólo los individuos sienten el impulso de luchar entre sí, sino también de maltratar, contaminar y afear el medioambiente y a destruir los recursos naturales necesarios para la supervivencia de todos.

Frente a estos desequilibrios, hay que repensar radicalmente los temas de la protección social. La exclusión ya no se puede ver como un imprevisto de sociedades que fundamentalmente funcionan bien; es un defecto estructural que afecta a la mayoría, incluso a los que no son pobres y que tienen muchas capacidades pero que no participan en la toma de decisiones que guía el desarrollo.

El elemento común a las contribuciones de este número es la conciencia que se necesita un cambio en las formas de protección actuales y que se hace cada vez más necesario abordar los factores políticos, económicos y culturales de la exclusión. Estamos obligados a proceder no sólo para humanizar los servicios que los despojados intentan obtener, sino también para capacitar a las mismas personas para remontar la gestión del malestar y del sufrimiento a los factores estructurales que los producen. Así, en todas las contribuciones se puede ver el compromiso en la humanización de servicios, la conciencia de la necesidad de cambiar la dinámica de desarrollo y la convicción que la clave es la participación activa y democrática. Todas las contribuciones reaniman los sentimientos de solidaridad; no aquellos esterilizados por las ideologías caritativas y paternalistas, sino los que nacen del deseo de vivir en una sociedad en que la igualdad de derechos y de oportunidades no es solamente una utopía soñ ada. Unos sentimientos que, teniendo legitimidad natural, podrían fomentar una especie de ética de base, que pudiera preceder todas las otras éticas de matriz cultural. Una ética que llega al individuo por el simple hecho de haber nacido dentro de una sociedad en la cual la falta de tal ética negaría la supervivencia. Se trata de sentimientos que los trabajadores sociales conocen bien porque los viven en las bellas relaciones humanas que a menudo acompañ an sus experiencias.

La primera contribución de Dolores Limón Domínguez y Fernando Valero Iglesias reflexiona sobre el tema de la exclusión social y sobre la necesidad de asegurar a todo ciudadano una renta básica que le permita sentirse totalmente protegido por la sociedad. Se analizan las opiniones de varios autores sobre este problema. Ninguno tiene una solución pronta, pero los argumentos considerados nos ayudan a reflexionar sobre la necesidad de construir sociedades inclusivas que desafíen la dinámica de exclusión actual.

La contribución de Igor Vinci, Carol Djeddah y May Hani trata el papel de las organizaciones rurales en los sistemas nacionales de protección social. Los autores explican cómo las prácticas colectivas de estas organizaciones, cuando están reconocidas, legitimadas y apoyadas por instituciones, pueden mejorar la protección social de sus adherentes. El artículo ilustra los puntos fuertes y los retos de estas experiencias que aseguran formas eficaces de protección a través de métodos participativos y de la combinación de recursos locales de solidaridad con actividades económicas capaces de reducir la exclusión. Éstos son buenos ejemplos de la superioridad estratégica del desarrollo local democrático a comparación con las políticas tradicionales centralizadas y fragmentadas.

Shauna MacKinnon describe la situación de marginalidad de la población aborigen que vive en la Provincia de Manitoba en Canadá y explica cómo las políticas tradicionales de formación al trabajo no dan los resultados esperados en la lucha contra el desempleo. En cambio, la investigación sobre la intermediación en el mercado laboral, realizada en colaboración con las organizaciones que se ocupan de formación y colocación laboral de las personas marginalizadas, parece estimular la emersión de métodos muy prometedores. Una vez más la lucha contra la exclusión de las poblaciones víctimas de la colonización y de sus consecuencias parece ser más eficaz al no basarse sobre medidas de asistencia, sino al intentar reducir los factores económicos y sociales de la marginalización y de la dependencia. No deben perderse el video sobre El Salvador y la presentación de Massimo Fortunato, ya sea por las interesantes consideraciones sobre la cohesión social como instrumento y resultado de buenas prácticas o por la belleza del video en que no hacen falta las palabras, sólo las imágenes de gente que quiere vivir bien y juntos. El video muestra de manera alegre y atrayente un territorio hasta ahora conocido por su violencia.

El artículo de Eman Sorour y otros, sobre la experiencia de salud mental en Egipto, cuenta los primeros pasos hacia una reforma que, idealmente, remplazaría las instituciones psiquiátricas tradicionales con servicios comunitarios, sobre todo a través de la movilización de pacientes y actores locales. No es por casualidad que la sensibilidad por los derechos de los pacientes maltratados en hospitales psiquiátricos se desarrolla dentro de un periodo en el que el afán a la igualdad de derechos y oportunidades agita el país y lo empuja hacia un cambio que mucha gente interpreta como un paso hacia las libertades democráticas y la justicia social. Al fondo de esta experiencia específica se entrevé una nueva manera de abordar el desarrollo que empieza su complejo camino en Egipto.

El artículo de Eric Bidet y Eum Hyungsik trata de las principales transformaciones y características del sistema de protección social en un país como Corea del Sur, que ha visto un crecimiento económico tumultuoso y desequilibrado. El artículo reflexiona sobre la importancia en este país de las empresas sociales que empiezan a desarrollarse y, más específicamente, sobre una forma que parece particularmente innovadora: la cooperativa médica. Sin duda las empresas sociales, con su capacidad de inclusión y de reducción de las necesidades de protección tradicional, constituyen un elemento estratégico de desarrollo duradero.

La contribución del grupo de la oficina de planificación del distrito de Casalecchio di Reno en la Provincia de Bologna (Italia) cuenta la experiencia del Laboratorio de solidaridad social. Sus métodos de trabajo se basan en la movilización de los actores sociales y su participación democrática en la programación del funcionamiento de servicios, mejorando notablemente su calidad. La municipalidad ha formalizado esta práctica en el Plan de Zona para la salud y la protección social.

La breve contribución de Lynne Fernández se ocupa del debate en curso sobre el salario digno (living wage) en la Provincia de Manitoba. Esta experiencia sugiere que la estrategia del salario digno, si realmente refleja el costo de la vida, puede ayudar a reducir la brecha entre ricos y pobres así como reactivar la economía local. Si acompañ ado por otras medidas, como la intermediación en el mercado laboral, el salario digno puede reducir notablemente la inseguridad y la marginalización. Por último este número está enriquecido por la reproducción de otros artículos ya publicados y que son todavía pertinentes al tema de la protección social. Disfrute.